En lo que va del año, los cuatro Juzgados de Ejecución de la provincia dictaron 1.673 sentencias en las que resolvieron cuestiones inherentes a las personas condenadas por delitos penales. Se realizaron, durante el primer semestre de este año, 1.186 audiencias y se recibieron expedientes de 219 nuevos condenados detenidos en unidades penitenciarias.
El fuero de Ejecución penal interviene una vez que las sentencias adquieren firmeza, ya sea porque se agotaron los recursos o porque las partes decidieron no recurrir. En ese contexto, los expedientes que se administran son por condenas a penas que privan a las personas de la libertad y por penas en suspenso, denominadas de ejecución condicional y con cumplimiento de pautas de conductas.
Todas las sentencias que dictan los jueces y juezas de ejecución son por planteos de las personas condenadas. El trámite prevé la realización de audiencias con la fiscalía, defensa, eventual querella y las víctimas, cuando optan por participar.
Las leyes que rigen el fuero de Ejecución Penal disponen el control, tanto de las personas condenadas que están en libertad como de las que están en una unidad carcelaria o en prisión domiciliaria.
El informe del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial consigna que durante el primer semestre de 2023, los cuatro Juzgados de Ejecución dictaron 1.673 sentencias, realizaron 1.186 audiencias y recibieron expedientes de 492 nuevas condenas con sentencia firme: 273 son condenas en suspenso y 219 de penas privativas de la libertad.
