La aplicación de Inteligencia Artificial en el fuero Contencioso Administrativo redujo notablemente los plazos para llegar a una sentencia. Con el sistema tradicional las ejecuciones fiscales demandaban un promedio de 6,5 días hábiles. Ahora la estadística arroja 2,86 días hábiles desde que se interpone la demanda hasta el dictado del fallo.
El fuero Contencioso Administrativo canaliza las demandas en las que el Estado es parte. Estaba previsto en la Constitución desde la reforma de 1994 y el Poder Judicial lo implementó de manera paulatina. Actualmente, funcionan Unidades Contencioso Administrativas en Viedma, Roca y Cipolletti. La de Bariloche está en proceso de implementación con concurso de cargos ante el Consejo de la Magistratura.
Gran parte de los expedientes que tramita el fuero son ejecuciones fiscales. En función de esa estadística, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aplicó un plan de trabajo con la Agencia de Recaudación Tributaria que emite los certificados de deuda.
En ese contexto el Comité de Informatización del Poder Judicial impulsó un desarrollo propio para la aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos monitorios que representan casi la mitad de las causas de los fueros Civiles y Contencioso Administrativo.
Así la Gerencia de Sistemas progresó en el proceso de automatización de las ejecuciones fiscales. Según se explicó cada vez que se cargue un demandado el sistema verifica si existe un proceso universal, que puede ser una quiebra o una sucesión, en el que esa persona es parte. En un segundo momento se valida el título ejecutivo y, finalmente, el desarrollo ofrecerá a las y los jueces toda la información para la elaboración de una sentencia monitoria.
Se trata de una herramienta que dota de celeridad al proceso, pero siempre se preserva el rol del juez que es en definitiva el que adopta la decisión. Se utiliza para procesos estandarizados, repetitivos, en los que la Inteligencia Artificial permite sustituir un control formal que antes hacía un empleado o empleada, con un mayor grado de certeza o menor posibilidades de error. Las sentencias continúan siendo fundadas y eso queda en manos de jueces y juezas.
La aplicación efectiva de IA comenzó el 24 de agosto de 2023. Según las estadísticas, antes de esa fecha se registraba un promedio de 6,5 días hábiles por expediente hasta llegar a una sentencia de ejecución fiscal. Con IA, el plazo se redujo a 2,86 días hábiles desde que se interpone la demanda hasta el fallo.
En una segunda etapa, el Poder Judicial invitó a los municipios a trabajar en sus sistemas para emitir un certificado de deuda estandarizado. Las localidades que avancen podrán ejecutar, al igual que la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, en plazos notablemente cortos.