El Poder Judicial dispuso que a partir del 5 de marzo de 2025 todos los expedientes administrativos deberán tramitarse de manera digital mediante el sistema de gestión administrativa Janus. Esta decisión busca consolidar el proceso de despapelización y mejorar la eficiencia, transparencia y seguridad en los trámites administrativos.
La disposición 11/24 del Comité de Informatización de la Gestión Judicial establece la obligatoriedad total del uso del sistema Janus, implementado inicialmente a través de la Acordada Nº 5/2024. Desde el 20 de mayo de 2024, nueve procedimientos administrativos ya tramitaban exclusivamente en formato digital. Con la nueva disposición, se incluirán todos los expedientes, lo que elimina definitivamente el uso del papel en la gestión administrativa del Poder Judicial.
El sistema Janus, un desarrollo propio del Poder Judicial de Río Negro, representa un paso significativo hacia la modernización y digitalización de los procesos administrativos. Diseñado para reemplazar los sistemas tradicionales que operaban mediante licencias pagas, Janus fue creado tras una reingeniería de procedimientos que incluyó el trabajo conjunto con todas las áreas administrativas. El objetivo principal es optimizar la celeridad, eficiencia y seguridad en la gestión judicial, dotando de plena validez jurídica a los documentos digitales mediante la firma electrónica y automatizando los registros y protocolización de actos administrativos.
Además de garantizar la validez legal de los documentos, Janus permite trabajar en simultáneo en los expedientes, realizar intervenciones y generar documentos de manera más eficiente. Todos los movimientos realizados en el sistema quedan automáticamente notificados, con fecha y hora de publicación.
El comité también abordó el uso de la función “retroceder expediente” prevista en el sistema Janus, diseñada para corregir errores administrativos en casos excepcionales. Sin embargo, se detectó un uso excesivo de esta herramienta, lo que generó ineficiencias en los circuitos administrativos. Para evitar estas situaciones, la resolución limita su aplicación únicamente a casos debidamente justificados, mientras que los expedientes deberán avanzar con los escritos correspondientes que permitan subsanar errores sin generar demoras innecesarias.